En la UNPF hacemos un llamado a la Suprema Corte de justicia de la Nación (SCJN) a abordar cualquier tema que tenga que ver con drogas, desde una perspectiva de salud, pues tienen en sus manos la enorme responsabilidad de garantizar, a través de sus interpretaciones, un bien social protegido por las leyes.
El tema del uso de la mariguana toma fuerza, debido a que el ministro Jorge Pardo presentó un proyecto en la Suprema Corte para reiterar la inconstitucionalidad de cinco artículos de la Ley General de Salud que prohíben el consumo de esta sustancia; este será discutido en la Primera Sala el próximo 11 de abril, el asunto toma gran relevancia pues ya cuenta con precedentes de un amparo similar otorgado en 2015.
El argumento para la discusión es que “la prohibición absoluta es excesiva y viola el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad”. El proyecto sugiere que la prohibición al consumo debería ser sólo para menores de edad.
El peligro de la decisión de la Suprema Corte radica en que, bajo este mismo argumento, se podría hacer uso del resto de las drogas, para no violar “el derecho humano al libre desarrollo de la personalidad”.
Recordemos que al acumular cinco amparos otorgados en las mismas condiciones, la Suprema Corte tendría que activar el proceso de declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que se volvería legal el consumo y el cultivo de la mariguana.
Cualquier iniciativa que tenga que ver con el uso de drogas debe analizarse desde una perspectiva de salud, garantizando a la ciudadanía, no solo el acceso a los servicios, sino brindando condiciones para que cada persona pueda rechazar cualquier sustancia que ponga en riesgo su salud física y mental.
Desafortunadamente vemos a los ministros de la SCJN radicalizando temas sociales muy delicados y dejando de un lado la labor del poder legislativo, que está para crear leyes.
Está demás enumerar los daños comprobados que causan drogas como lo mariguana, que han sido debidamente documentados y difundidos por la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic) o por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz.
Aunque el proyecto sugiere que la prohibición al consumo debería ser solo para menores de edad, recordemos que lo mismo sucede con el alcohol o el tabaco, pero el consumo entre menores alcanza niveles alarmantes, como lo indica un estudio realizado por el Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, donde el 63 por ciento de la población identificada como consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de edad.
Las familias mexicanas deseamos legisladores y ministros que velen por la salud, que brinden mejores condiciones a la población, como el arte, la cultura, la educación y el deporte; no queremos ni leyes ni amparos que promuevan drogas que dañen la salud de la sociedad.
Para lograr una sociedad sana es necesario que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, junto con gobierno y sociedad se comprometan a brindar mejores condiciones de desarrollo y a ofrecer alternativas saludables la ciudadanía.
Unión Nacional de Padres de Familia
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